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España deberá desarrollar un patrón de crecimiento moderno y competitivo que le permita garantizar su prosperidad futura y converger con las sociedades más avanzadas de Europa de aquí a 2050. Para conseguirlo, tendrá que relanzar su productividad, al tiempo que eleva su tasa de empleo. Invertir más en innovación, facilitar el crecimiento empresarial, combatir la economía sumergida y contar con una base sólida de ingresos fiscales serán claves para avanzar en esta dirección.
La educación es uno de los pilares fundamentales del bienestar económico y social de un país a largo plazo. Por eso, España deberá realizar una apuesta decidida por mejorar la formación de su población, desde las edades más tempranas y a lo largo de toda la vida. Hacerlo supondrá reducir drásticamente las tasas de abandono escolar y repetición, garantizar que la mayoría de jóvenes cuente con educación postobligatoria y elevar los niveles de aprendizaje. También requerirá mejorar la equidad educativa, erradicar las brechas de género en la FP y la universidad, y crear un sistema integrado de recualificación para la población trabajadora.
De aquí a 2050, España deberá seguir mejorando las tasas de empleo y las condiciones laborales de la población en edad de trabajar. Ello supondrá incrementar la inserción laboral de las personas jóvenes, las mujeres, y las mayores de 55 años; reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria en los contratos de trabajo, y eliminar la brecha salarial de género. También exigirá actualizar y reforzar las políticas activas de empleo, y avanzar hacia unos horarios laborales que faciliten la conciliación y conviertan el trabajo en una experiencia más satisfactoria para la mayoría de la ciudadanía.
De aquí a 2050, España deberá convertirse en una sociedad neutra en carbono y sostenible en el uso de recursos naturales. Solo así conseguirá limitar los efectos del cambio climático y garantizar la prosperidad de las generaciones futuras. Para lograrlo, tendrá que aumentar la eficiencia energética, maximizar el potencial de las fuentes renovables en la producción eléctrica y mejorar la gestión del agua. De igual manera, deberá impulsar prácticas sostenibles en sectores clave como la agricultura o la construcción, incrementar las tasas de reciclaje, impulsar la fiscalidad verde y preservar la conservación de su biodiversidad.
La reducción de la desigualdad y la pobreza constituye uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. Hacerlo será imprescindible para seguir siendo un país cohesionado, próspero y competitivo. Entre otras cosas, tendremos que mejorar la capacidad redistributiva de nuestro estado de bienestar y facilitar el acceso a la vivienda. El aumento de la recaudación fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida son dos de las vías para avanzar en esa dirección.
El envejecimiento demográfico, el coste de las innovaciones médicas y las nuevas demandas sociales relacionadas con la salud mental o la formación constituyen retos relevantes para nuestro estado de bienestar. Para abordarlos, será necesario aumentar la inversión en educación, sanidad y cuidados de larga duración; reforzar y modernizar las redes de protección social, y garantizar que todas las personas con derecho a una prestación la reciben.
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España deberá desarrollar un patrón de crecimiento moderno y competitivo que le permita garantizar su prosperidad futura y converger con las sociedades más avanzadas de Europa de aquí a 2050. Para conseguirlo, tendrá que relanzar su productividad, al tiempo que eleva su tasa de empleo. Invertir más en innovación, facilitar el crecimiento empresarial, combatir la economía sumergida y contar con una base sólida de ingresos fiscales serán claves para avanzar en esta dirección.
La educación es uno de los pilares fundamentales del bienestar económico y social de un país a largo plazo. Por eso, España deberá realizar una apuesta decidida por mejorar la formación de su población, desde las edades más tempranas y a lo largo de toda la vida. Hacerlo supondrá reducir drásticamente las tasas de abandono escolar y repetición, garantizar que la mayoría de jóvenes cuente con educación postobligatoria y elevar los niveles de aprendizaje. También requerirá mejorar la equidad educativa, erradicar las brechas de género en la FP y la universidad, y crear un sistema integrado de recualificación para la población trabajadora.
De aquí a 2050, España deberá seguir mejorando las tasas de empleo y las condiciones laborales de la población en edad de trabajar. Ello supondrá incrementar la inserción laboral de las personas jóvenes, las mujeres, y las mayores de 55 años; reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria en los contratos de trabajo, y eliminar la brecha salarial de género. También exigirá actualizar y reforzar las políticas activas de empleo, y avanzar hacia unos horarios laborales que faciliten la conciliación y conviertan el trabajo en una experiencia más satisfactoria para la mayoría de la ciudadanía.
De aquí a 2050, España deberá convertirse en una sociedad neutra en carbono y sostenible en el uso de recursos naturales. Solo así conseguirá limitar los efectos del cambio climático y garantizar la prosperidad de las generaciones futuras. Para lograrlo, tendrá que aumentar la eficiencia energética, maximizar el potencial de las fuentes renovables en la producción eléctrica y mejorar la gestión del agua. De igual manera, deberá impulsar prácticas sostenibles en sectores clave como la agricultura o la construcción, incrementar las tasas de reciclaje, impulsar la fiscalidad verde y preservar la conservación de su biodiversidad.
La reducción de la desigualdad y la pobreza constituye uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. Hacerlo será imprescindible para seguir siendo un país cohesionado, próspero y competitivo. Entre otras cosas, tendremos que mejorar la capacidad redistributiva de nuestro estado de bienestar y facilitar el acceso a la vivienda. El aumento de la recaudación fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida son dos de las vías para avanzar en esa dirección.
El envejecimiento demográfico, el coste de las innovaciones médicas y las nuevas demandas sociales relacionadas con la salud mental o la formación constituyen retos relevantes para nuestro estado de bienestar. Para abordarlos, será necesario aumentar la inversión en educación, sanidad y cuidados de larga duración; reforzar y modernizar las redes de protección social, y garantizar que todas las personas con derecho a una prestación la reciben.
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España deberá desarrollar un patrón de crecimiento moderno y competitivo que le permita garantizar su prosperidad futura y converger con las sociedades más avanzadas de Europa de aquí a 2050. Para conseguirlo, tendrá que relanzar su productividad, al tiempo que eleva su tasa de empleo. Invertir más en innovación, facilitar el crecimiento empresarial, combatir la economía sumergida y contar con una base sólida de ingresos fiscales serán claves para avanzar en esta dirección.
La educación es uno de los pilares fundamentales del bienestar económico y social de un país a largo plazo. Por eso, España deberá realizar una apuesta decidida por mejorar la formación de su población, desde las edades más tempranas y a lo largo de toda la vida. Hacerlo supondrá reducir drásticamente las tasas de abandono escolar y repetición, garantizar que la mayoría de jóvenes cuente con educación postobligatoria y elevar los niveles de aprendizaje. También requerirá mejorar la equidad educativa, erradicar las brechas de género en la FP y la universidad, y crear un sistema integrado de recualificación para la población trabajadora.
De aquí a 2050, España deberá seguir mejorando las tasas de empleo y las condiciones laborales de la población en edad de trabajar. Ello supondrá incrementar la inserción laboral de las personas jóvenes, las mujeres, y las mayores de 55 años; reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria en los contratos de trabajo, y eliminar la brecha salarial de género. También exigirá actualizar y reforzar las políticas activas de empleo, y avanzar hacia unos horarios laborales que faciliten la conciliación y conviertan el trabajo en una experiencia más satisfactoria para la mayoría de la ciudadanía.
De aquí a 2050, España deberá convertirse en una sociedad neutra en carbono y sostenible en el uso de recursos naturales. Solo así conseguirá limitar los efectos del cambio climático y garantizar la prosperidad de las generaciones futuras. Para lograrlo, tendrá que aumentar la eficiencia energética, maximizar el potencial de las fuentes renovables en la producción eléctrica y mejorar la gestión del agua. De igual manera, deberá impulsar prácticas sostenibles en sectores clave como la agricultura o la construcción, incrementar las tasas de reciclaje, impulsar la fiscalidad verde y preservar la conservación de su biodiversidad.
La reducción de la desigualdad y la pobreza constituye uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. Hacerlo será imprescindible para seguir siendo un país cohesionado, próspero y competitivo. Entre otras cosas, tendremos que mejorar la capacidad redistributiva de nuestro estado de bienestar y facilitar el acceso a la vivienda. El aumento de la recaudación fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida son dos de las vías para avanzar en esa dirección.
El envejecimiento demográfico, el coste de las innovaciones médicas y las nuevas demandas sociales relacionadas con la salud mental o la formación constituyen retos relevantes para nuestro estado de bienestar. Para abordarlos, será necesario aumentar la inversión en educación, sanidad y cuidados de larga duración; reforzar y modernizar las redes de protección social, y garantizar que todas las personas con derecho a una prestación la reciben.
Es difícil entender y mejorar aquello que no puede medirse. Por ese motivo, hemos creado un cuadro de seguimiento que recoge 50 indicadores económicos, sociales y medioambientales que suelen usarse para medir el desarrollo estructural de un país
Con él, los ciudadanos podrán comprobar, de forma muy visual e intuitiva, cuánto ha progresado España en cada ámbito en las últimas décadas, y cuánto más debería progresar para converger con los países más avanzados de la UE en 2050.
Hemos seleccionado los indicadores que cumplían los siguientes requisitos:
Las etiquetas emplean el tradicional sistema de semáforo:
Los colores se asignan en base a la trayectoria que describen los datos. A aquellos indicadores en los que ha habido una clara mejoría se les otorga etiquetas verdes. A aquellos en los que no ha habido cambios o se ha producido un retroceso, se les da una etiqueta amarilla, naranja o roja, respectivamente. Cuando no existen datos, o los que hay no dibujan una tendencia clara, se emplea una etiqueta gris.
Los indicadores se actualizan de forma recurrente, a medida que se van publicando nuevos datos.
Fijarse objetivos de país a largo plazo es una práctica necesaria y habitual a nivel internacional. Lo hacen las Naciones Unidas, la Comisión Europea y muchos Estados de nuestro entorno.
En esta brújula, cada indicador va acompañado de unos objetivos cuantitativos concretos que España debería alcanzar de aquí a 2050 si quiere converger con los países más avanzados de Europa. Estos objetivos y sus sendas de evolución han sido construidos por un equipo de cien académicos, en el marco del proyecto España 2050. Su diseño se ha realizado mediante un cuidado análisis que combina la economía con la política comparada, y que tiene en cuenta: las trayectorias históricas observadas, la proyección de tendencias futuras, la situación de otros países de la UE y la interdependencia probada que existe entre unos y otros indicadores.
Son objetivos ambiciosos y realistas a la vez. No sirven para marcar un camino preciso, pero sí para indicar la dirección y el ritmo en los que España debería seguir transformándose en las próximas décadas.
No incluimos la inflación por dos motivos.
En primer lugar, porque la evolución de la inflación a medio y largo plazo responde, en gran medida, al comportamiento de la actividad económica y del empleo, y para estas dimensiones, la brújula ya incorpora varios indicadores.
La inflación (crecimiento de los precios al consumo) es el resultado de la evolución de la actividad económica (demanda de hogares y empresas), del mercado laboral (creación de empleo y niveles de tasa de desempleo), y de los cambios en los precios de algunos bienes que se adquieren del exterior (ej. petróleo, gas, materias primas agrícolas, etc.).
Las dos primeras dimensiones (actividad económica y mercado laboral) explican el comportamiento más estable de la inflación en el tiempo, pero ya están capturadas en otros indicadores de la brújula. La tercera dimensión (el precio de los bienes importados y su efecto sobre los precios domésticos) es, sin embargo, más volátil, ya que puede estar sometida a fuertes fluctuaciones coyunturales debido a conflictos bélicos, catástrofes climáticas, o alteraciones bruscas en la demanda global de materias primas, entre otras eventualidades.
Hay un segundo motivo por el que no incluimos los precios en la brújula: la inflación no es intrínsecamente mala ni buena (como sí lo es, por ejemplo, la pobreza). En nuestra historia reciente, ha habido períodos de crecimiento económico y de mejoras en las condiciones laborales de la ciudadanía en los que las tasas de inflación eran relativamente altas. Y viceversa: ha habido períodos de caídas intensas de la inflación que no podrían considerarse positivas (en contraposición al aumento reciente) ya que eran el reflejo de una crisis económica (reducción de la actividad y aumento del desempleo). Dicho de otro modo: las subidas y bajadas en la inflación no pueden interpretarse como “buenas” o “malas” de forma constante a lo largo de 40 años de historia. Por eso no sirve como indicador para la brújula.
Naturalmente. Escríbenos un mail a futuros@presidencia.gob.es y estaremos encantados de analizar tu propuesta.