La emergencia climática y el lento avance en la reducción de emisiones han devuelto al debate internacional la Modificación de la Radiación Solar (SRM), un conjunto de intervenciones que buscan reflejar una parte de la radiación solar para enfriar temporalmente el planeta. La SRM engloba tecnologías diversas, desde la inyección de aerosoles estratosféricos, hasta el blanqueamiento de nubes marinas, la modificación de nubes cirros o sistemas de reflexión en órbita.
Aunque estas propuestas se conocen desde hace décadas, durante mucho tiempo recibieron una atención limitada en la investigación científica. Ninguna se ha desplegado a gran escala y su análisis se apoya casi por completo en modelos climáticos, con incertidumbres relevantes sobre sus efectos regionales y sus impactos ecológicos y sociales. Los modelos sugieren que la SRM podría reducir con rapidez la temperatura media global, en línea con el enfriamiento transitorio observado tras grandes erupciones volcánicas como la del Pinatubo en 1991. Sin embargo, esas mismas intervenciones también podrían alterar de forma desigual los patrones de precipitación y el ciclo hidrológico, con efectos potencialmente persistentes y difíciles de atribuir a escala regional.
Más allá de sus incertidumbres físicas, la SRM introduce, en general, riesgos adicionales de carácter social y político. Desde una perspectiva geopolítica, el coste relativamente bajo de algunas de estas medidas y su impacto potencialmente global hacen plausible, en ausencia de reglas internacionales específicas, la acción unilateral de uno o pocos actores. Ello puede generar tensiones diplomáticas, disputas por la atribución de daños climáticos o respuestas preventivas por parte de otros Estados.
Existen ejemplos de cómo incluso acciones con nulo impacto climático pueden desencadenar reacciones políticas inmediatas. En 2023, una empresa privada con sede en EE. UU. realizó en Baja California (México) un lanzamiento testimonial de dióxido de azufre. Poco después, el gobierno de México anunció una regulación para la prohibición de estas actividades. En cualquier caso, la ausencia de gobernanza se considera un riesgo en sí misma, ya que pone de relieve una carencia institucional, de participación y de compromiso político para abordar un problema complejo y altamente incierto que requiere combinar innovaciones tecnológicas con cambios sociales profundos.
Hasta ahora, la respuesta institucional dominante no ha sido avanzar hacia la aplicación de la SRM, sino tratar de contenerla mediante principios, orientaciones y mecanismos de control no vinculantes, en gran medida de alcance nacional y con limitada coordinación internacional. Este enfoque convive, sin embargo, con el creciente reconocimiento de que la investigación científica sobre la SRM difícilmente puede ser detenida a escala global, y de que la ausencia de capacidades propias de análisis y evaluación puede debilitar la capacidad de anticipación, respuesta y posicionamiento internacional de los Estados.
A partir de aquí, se abren dos escenarios posibles. En uno, la creciente atención sobre la SRM impulsa una gobernanza atmosférica preventiva, basada en mayor coordinación internacional, transparencia científica, refuerzo de las capacidades públicas de análisis y un consenso explícito en torno al no uso o al uso extremadamente restringido de estas tecnologías. En el otro, la ausencia de reglas claras y la fragmentación geopolítica favorecen dinámicas de free-driving, con actores actuando por su cuenta y el riesgo de escaladas políticas o conflictos por la atribución de daños climáticos.
La tendencia emergente no es, por ahora, el despliegue de la SRM, sino la necesidad de decidir colectivamente qué límites no deben cruzarse. En un mundo marcado por la insuficiencia de la mitigación y la inestabilidad geopolítica, anticipar cómo gobernar, evaluar o, en su caso, limitar estas intervenciones, puede resultar tan relevante para la estabilidad internacional como las propias políticas climáticas.
Para más información, consúltese:
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